Durante la tarde de ayer martes 4 de octubre 2022, el Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una acción de Nulidad de Derecho Público que fue ingresada para invalidar la resolución que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Dominga.
El escrito caratulado como O-1-2022 ingresó al tribunal por una habitante de la
Región de Coquimbo que participó en el proceso en el que se reciben observaciones
ciudadanas en el marco del EIA.
La acción interpuesta pretende demostrar una ineficacia o irregularidad jurídica en el
procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Evaluación (COEVA) de la Región de
Coquimbo.
La fundamentación del recurso radica en el espacio territorial de la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt, el que no solo contemplaría la Región de Coquimbo, sino también
la Región de Atacama, situación por la que el proyecto – a juicio de quien presentó la
acción- debió ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la comisión de la región.
En este contexto la requirente indica que se debió considerar que “la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt constituye un ecosistema único, indivisible, territorialmente
infragmentable”. Esta situación, supuestamente fundamentaría que el SEA de la Región de
Coquimbo debió haberse abstenido de seguir conociendo la evaluación hasta esperar el
pronunciamiento del nivel central debido a lo que sería una evidente birregionalidad
ambiental del proyecto.
Además, se sostiene que el Estado y particularmente el Servicio de Evaluación Ambiental
deben “tener una posición garante respecto de los territorios y ecosistemas con valor
ambiental, al ser un patrimonio de la Nación, por lo que tendrían el deber de preservar
dichos territorios y ecosistemas durante la evaluación de impacto ambiental”.
Asimismo, se argumenta que “resulta esencial, determinar concretamente, sobre quien o
que organismos recae el deber de la debida diligencia en la evaluación de impacto
ambiental, respecto de aquellos proyectos y/o actividades que pretenden emplazarse en
territorios con valor ambiental, y que, por sus características, indiscutiblemente
constituyen patrimonio ambiental nacional”.
La denominada “acción de nulidad de derecho público” es una acción que pretende que
un tribunal (en este caso el Primer Tribunal Ambiental) anule el acto administrativo, que
en este caso es la resolución exenta emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Coquimbo que califica favorablemente el EIA del proyecto.
Primer Tribunal Ambiental acoge tramitación de nulidad de derecho público en contra de Proyecto Dominga
