Representantes gremiales de la macrozona norte se mostraron en alerta ante la propuesta del Ejecutivo por un royalty minero que posicionaría a Chile como uno de los países con mayor carga tributaria a nivel mundial.
El 82% del cobre chileno se produce en las cuatro regiones de la Macrozona Norte, por lo cual AII, AIA, Corproa y Cidere agrupan a más de 600 asociados de empresas grandes, medianas y pequeñas de servicios, energías limpias, transportes, puertos, turismo y alimentación, entre otras.
En 2020 la minería aportó al PIB del país en un 12,5% según Sernageomin. En tanto para Macrozona este PIB aumenta exponencialmente: en Antofagasta representa el 53%; para Tarapacá y Atacama el 36%, mientras que para Coquimbo el 25%.
Justamente la visión de las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo) es abogar por un royalty mayor que aporte a la agenda social, pero que sea aplicado de forma razonable y de esa manera no afecte la competitividad y el desarrollo del sector.
El nuevo royalty presentado por el Ejecutivo operará en una modalidad híbrida, con un componente ad valorem que oscilará en tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMF), y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000 TMF, y un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y seis dólares la libra. Los representantes regionales consideran estas medidas como desproporcionadas (!) ya que dejan a Chile como uno de los países con mayor carga tributaria del mundo. “Tenemos que cuidar a esta industria, no ahogarla. Debemos seguir siendo competitivos y no espantar la inversión”, detallaron.
El proyecto, advirtieron, propone que los componentes a pagar sean adicionales, con independencia de la rentabilidad, y no indica si será diferenciado según el tipo de explotador minero: castiga al que produce más solo por producir, sin considerar etapas previas como inversiones, los factores geológicos que son diferente para cada yacimiento, entre otras.
Los representantes coincidieron en la necesidad de avanzar en un mayor aporte tributario para apoyar la agenda social, pero que su deber es alertar respecto a la forma en que está planteado este royalty no contribuye al desarrollo sostenible de la minería y nuestras regiones.