Fuente: CIPER
Gracias a la investigación realizada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), se revela una situación alarmante para el sector del Valle del Elqui y que hasta ahora tiene como único responsable a Andrónico Luksic, empresario chileno a cargo de uno de los mayores conglomerados de Chile y parte de las familias más adineradas en todo el mundo.
La investigación denominada “agua y uso de plaguicidas: los problemas de Andrónico Luksic en el Valle del Elqui, evidencia la instalación de una bomba de extracción de agua irregular en el Estero Derecho, ubicada en el Fundo Cerrito, recinto productor de uva de exportación, localizado en la comuna de Paihuano en el Valle del Elqui. Esta propiedad Agrícola El Cerrito, la cual es dueñoLuksic y que actualmente está en la palestra por el supuesto uso irregular de un bien esencial para la vida: El Agua.
Esto salió a la luz gracias a la denuncia realizada por la agrupación de regantes del canal El Asiento, en diciembre de 2020, a través de una carta enviada al presidente de la junta de vigilancia del Estero Derecho, Horacio Hevia. En ella se especificaba la existencia de este aparato artificial que acumulaba y extraía agua. Cabe señalar que las juntas de vigilancia son organismos que se encargan de administrar y distribuir las aguas de los cauces.
Por su parte, desde la empresa de Luksic, reconocieron esta falta y al día siguiente retiraron la bomba. Según información enviada por la misma empresa, en respuesta a CIPER, el gerente de operaciones de Agrícola El Cerrito, Rodrigo Santander, señala “la desinstalamos (la bomba) apenas la Junta de Vigilancia nos hizo ver que, si bien no captaba más agua de la que nos corresponde por nuestros derechos en la cuenca, se encontraba en un sector inadecuado”, siendo esta última, la causa por la que habían decidido extraerla.
Santander, además admitió que eran los dueños de la bomba pero que no tenían relación con la poza que estaba allí para acumular el agua, al respecto indica a CIPER “se encuentra ahí desde mucho antes que El Cerrito comprara los primeros terrenos hace casi 30 años. Antiguos habitantes de la zona nos han dicho que se utilizaba para el baño de animales, particularmente de caballos”, señaló.
Respecto a si contaban con la autorización para realizar extracciones, se le consulta a Rodrigo Santander y en el reportaje se evidencia que “con excepción de esta bomba, que fue desinstalada apenas la Junta de Vigilancia nos informó que estaba ubicada en un lugar inadecuado, todos nuestros puntos de captación se encuentran debidamente registrados y autorizados”, según palabras de Santander. El gerente, agrega que esta bomba estaba regulada para extraer 100 litros por segundo y que según cálculos de la misma empresa, se extrajo un total considerablemente menor, en relación a la cantidad de acciones que ellos poseen en la cuenca del Estero Derecho.
Pero no es la primera vez que Agrícola El Cerrito tiene problemas con los vecinos y vecinas del sector. Se suman algunas denuncias anteriores por el uso de plaguicidas en sus plantaciones y los sumarios sanitarios que ha enfrentado la misma empresa en los últimos años, producto de esta situación. Desde la propia Seremía de Salud de Coquimbo, señalaron a CIPER que ambos sumarios tuvieron directa relación “con la normativa de salud laboral y la normativa de sustancias peligrosas y el manejo de plaguicidas”.
Se suma además un caso del año 2006, sobre la muerte de un trabajador debido al uso de químicos tóxicos, donde él desempeñaba labores como tractorista de la Agrícola Bella Vita, empresa de la que Luksic era dueño junto al empresario Jorge Errázuriz.
Volviendo a la denuncia actual, esta se desarrolló en el contexto de la grave sequía que azota al Valle del Elqui, lo que ha provocado que los agricultores y pobladores de la zona salgan a las calles a protestar, incluso llegando a las afueras de la casa del magnate en el Valle del Elqui; entre los lemas más potentes en los lienzos puede leerse “no es sequía, es saqueo” o “cuando defiendes el agua, defiendes la vida”.
¿Cómo incide este caso en que hoy se ve envuelto Luksic, con la escasez hídrica que afecta a esta zona del país y el impacto socioambiental que produce en las personas? El Estero Derecho, donde estaba ubicaba la bomba de extracción, atraviesa la comuna de Paihuano, sector que el año 2015 fue declarado como “Zona de Escasez Hídrica” por la Dirección General de Aguas (DGA), según informó CIPER en el reportaje.
Además en la investigación, se señaló que los niveles de los caudales del Río Elqui presentaban una disminución del 90% en comparación al promedio histórico del mismo mes, en el periodo de 1981-2010, especificado en el último Boletín de Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas de la DGA, situación que es bastante preocupante.
En este punto es cuando se refuerza aún más la idea de que el agua es considerada un elemento vital y un recurso natural valioso para las personas y el desarrollo y permanencia de los ecosistemas. En este sentido, la lucha del agua cobra gran importancia en los elementos estatales y el proceso constitucional actual, ya que este elemento (agua) también es considerado como un bien económico y por eso es importante destacar algunas consideraciones.
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una resolución, reconoció “el derecho humano al agua y al saneamiento”, señalando que estos son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Mientras que el comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2002 definió el derecho al agua como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asegurable para su uso personal y doméstico”.
Pero en Chile esta situación es un verdadero dilema. Según una columna de CIPER, en el país luego de una larga tramitación originada por el año 2008, a inicios del 2020 se rechazó la idea de legislar el proyecto constitucional sobre el dominio y uso de las aguas, discusión que justamente se enmarca en la crisis multisectorial que vive Chile, producto de la sequía y el cambio climático.
El proyecto rechazado establecía una consagración a nivel constitucional de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público. Además el proyecto rechazado establecía un régimen de gestión integrada y sustentable de las aguas en las cuencas, que asegure la participación e información de la ciudadanía; y una modificación a las normas del Recurso de Protección, para que este garantice también el derecho humano al agua y el saneamiento.
Pero ¿Por qué esta discusión? Hoy existe una importante contradicción entre el Código de Aguas de 1981 que reconoce a las aguas como un bien nacional de uso público, mientras que la Dirección General de Aguas, concede los derechos de aprovechamiento de aguas gratuitas y a perpetuidad a privados. Lo anterior respaldado por la Constitución Política de 1980, que consagra la propiedad privada del agua.
Queda así, en manos de quienes redacten la Nueva Constitución y que deberán escogerse el próximo 11 de abril, de generar o modificar un estatuto constitucional sobre el tema del agua, acorde a los tiempos que vivimos, el impacto medio ambiental, catalizado por las movilizaciones ciudadanas, ya que esta demanda es una de las más apoyadas por la población y que actualmente mantiene a uno de los empresarios más poderosos del país en tela de juicio.