Por: Nicolás Pérez; Académico UCEN Región Coquimbo
Existen situaciones excepcionales que vuelven evidente, lo que como sociedad hemos tratado de esconder bajo la alfombra, a veces con pesar y otras veces con vergüenza. Esta crisis sanitaria es un ejemplo manifiesto de ellas.
No tan sólo la cobertura mediática de esta pandemia, sino también el trato diario hacia la población migrante ha puesto al desnudo la discriminación racial que se ejerce –la mayoría de las veces- como un recurso cotidiano para enfrentarnos a lo que nos parece diferente.
El proceso migratorio siempre es doloroso y trae consecuencias para la salud mental del que lo emprende. Así, con toda esta carga emocional, se llega a un contexto geográfico, político, social, económico e incluso lingüístico que quiebra con concepciones del mundo anterior que se ha dejado atrás.
Es en esta fase de inserción social cuando comienzan a ser sujetos de discriminación arbitraria por parte de sus empleadores; del prejuicio racista de quienes conviven con ellos y ellas; y, de las distintas atribuciones culturales que les entregamos todos y todas.
El botón de muestra de estas expresiones de racismo en la crisis sanitaria, ha sido la irrupción de medios de televisión en un cité de Quilicura, asediando la privacidad de migrantes haitianos -derecho que tiene todo paciente: a la privacidad de su diagnóstico- y acosándolos con preguntas que merodean los contornos de la intolerancia cultural. Un médico haitiano lo dijo de la mejor manera: esto no hubiera pasado si los diagnosticados hubieran sido italianos. Yo agregaría otra cosa: tampoco hubiera pasado si esos migrantes tuvieran residencia en un condominio en Vitacura.
Si de pensar en soluciones se trata, el Estado tiene mucho que decir en esta materia y las políticas migratorias han sido claramente regresivas en la actual administración. El rechazo al Pacto Internacional de Migraciones del 2018 deja en evidencia que, en la agenda de políticas públicas del Ejecutivo, abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y de inclusión social, no cuenta como una de sus prioridades.