Por: Adriana Muñoz Dálbora, senadora
El pasado viernes se conmemoró nuevamente el Día de los Trabajadores. Es un día, que como lo hemos señalado otras veces, sirve para recordar a quienes, en la historia, han entregado su vida a la lucha por esta causa, para reconocer a los hombres y mujeres desempeñan labores manuales o intelectuales, aportando así al país y, también, para continuar comprometiéndonos a seguir mejorando la calidad de vida y las condiciones de trabajo.
Esta vez esta fecha tuvo un cariz distinto. Mucho más amargo y angustioso. La pandemia COVID 19 ha dejado un enorme reguero de muertos y contagiados, en Chile y el mundo. Pero, además, ha dado lugar a una de las crisis económicas más severas que haya visto el mundo moderno.
Prácticamente todas las economías están en recesión. La necesidad de detener las operaciones de muchos sectores y la suspensión de buena parte del comercio internacional y del tránsito de personas, ha ocasionado este fenómeno que, peor aún, no tiene una fecha clara de término.
Se estima que la caída del PIB de los países rondará entre el 5 y el 10%. El desempleo, asimismo, alcanza niveles históricos. En Estados Unidos más de 26 millones de trabajadores han requerido subsidio de cesantía en sólo tres semanas. En nuestro país, ya en marzo el desempleo superó el 8%, esperándose que se incremente cuando salga el indicador de abril, que reflejará más nítidamente los efectos de la pandemia.
Todos los países están adoptando diversas medidas para enfrentar esta situación. Se busca apoyar a las familias y también a las empresas, para que puedan mantener su actividad. El Parlamento ha aprobado los diversos instrumentos que el Gobierno ha solicitado, totalizando recursos por unos 17 mil millones de dólares.
Sin embargo, desde la oposición, creemos que las acciones emprendidas son insuficientes. Por una parte, no alcanzan la magnitud que se requiere. Por ejemplo, está en trámite una renta básica de emergencia de unos $260.000 por hogar. Ello no basta para que una familia subsista en condiciones adecuadas. Además, la ayuda está llegando muy lentamente. El Bono COVID aprobado hace ya casi un mes, aún no se distribuye a todos los beneficiarios.
Por otro lado, me parece que no ha habido medidas claras y concretas para aliviar a las familias. Se requiere detener el pago de deudas con bancos y casas comerciales y también los suministros domiciliarios. Sin embargo, no basta con las postergaciones, más aún si en algunos casos ello implica el pago posterior con intereses. El esfuerzo real debe ir por la vía de condonar algunas deudas o postergarlas, sin recargo alguno.
La forma en que enfrentemos esta crisis condicionará mucho la reactivación futura. También será un elemento clave en la evaluación ciudadana. Necesitamos un apoyo más potente del Estado, que evite la sensación de malestar que empieza a incubarse. Muchos advierten que una vez más la desigualdad hace que los efectos los paguen los más vulnerables y los trabajadores.