El hecho ocurrió el 08 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Angostura en este pueblo de la comuna de Vicuña.
El hecho volvió a la opinión pública en las últimas semanas. Ha sido tema de discusión y conversación en los medios de comunicación, teniendo como una de las últimas consecuencias la querella criminal contra el ex comandante en jefe del ejercito y el hasta la semana pasada Jefe del Consejo Directivo del Servel, Juan Emilio Cheyre.
La querella, que se hizo en la Corte de Apelaciones de La Serena, la llevaron a cabo los querellantes Esteban Silva, Rony Nuñez y el abogado patrocinante de la causa, Roberto Ávila. Según explicó Silva, «hemos presentado esta demanda en contra de Cheyre por incumplimiento de sus deberes como funcionario público en relación a un hecho que causó conmoción, por que un hecho como la muerte de los padres de Ernesto Ledjerman, que después se supo fue un asesinato, un funcionario público como lo era él, tenía obligación de colocar en conocimiento, en autos a la justicia».
Historia del hecho
Todo comenzó en la madrugada del 8 de diciembre de 1973, cuando una patrulla militar del Regimiento «Arica» de La Serena, al mando del oficial de Fernando Polanco Gallardo, conducidos por el lugareño Luis Horacio Ramírez, quien había sido detenido y torturado el día anterior -irrumpió en la Quebrada de Angostura, posesión Los Perales, en la localidad de Gualliguaica, donde habían unas cuevas en las que se había refugiado Bernardo Mario Lejderman Konujowska, su cónyuge mexicana María del Rosario Avalos Castay el hijo de ambos, Ernesto, de menos de dos años de edad.
Según lo relató Luis Horacio Ramírez ante el Tribunal, él fue detenido el 7 de diciembre de 1973 por efectivos del Regimiento «Arica», cuyo comandante era el teniente coronel Ariosto Lapostol. Se le interrogó y torturó sobre unas personas que estaban ocultas en Quebrada de Angostura y para las cuales el testigo les había conseguido ropa. Una vez obtenido los antecedentes, se formó un piquete integrado por unos 10 militares bajo el mando de un oficial de apellido Polanco. También iba un sargento de baja estatura, gordo, moreno y de unos 30 años.
Cuando se acercaron al lugar, los militares dejaron al testigo a unos mil metros del lugar, mientras ellos recorrían solos la distancia que los separaba de los hornos. Al poco rato, Luis Ramírez sintió disparos y luego llegó hasta él, el sargento, quien le dijo que tomara una pala y una picota para hacer una excavación. El militar lo llevó consigo y, a unos 150 metros de las cuevas, el testigo vio el cuerpo de la mujer (María del Rosario Avalos), el que tenía mucha sangre en el tórax. No vio al hombre. Cuando se retiraron del lugar, los uniformados llevaban en brazos al niño.
Al día siguiente, acompañado por Modesto Pastén (ya fallecido). Luis Ramírez volvió al lugar, y, en una quebrada, donde existe una vertiente, encontró el cadáver de Bernardo Lejderman. Estaba cubierto de sangre. Junto con Modesto Pastén cavaron una fosa y enterraron los restos. Diecisiete años después, el 1° de agosto de 1990, se exhumó el cuerpo.
El pequeño Ernesto fue llevado por los militares a la Casa de la Providencia de La Serena, donde fue ingresado a solicitud del Jefe de Plaza e Intendente de la Provincia, Teniente Coronel Ariosto Lapostol. Permaneció allí hasta el 8 de enero de 1974, fecha en que fue sacado para ser llevado a Buenos Aires, donde sus abuelos paternos.
A María del Rosario Avalos Castañeda, a través de gestiones diplomáticas, se la exhumó en abril de 1974 y sus restos fueron trasladados al Cementerio General de Santiago. Oficialmente, el Ministerio de Relaciones dijo al Encargado de Negocios de México en Chile que ella se había suicidado haciendo estallar un cartucho de dinamita que llevaba consigo. Por su parte, la Embajada Argentina, por medio de su Encargado de Negocios, José Alberto del Carril, hacía trámites y consultas en relación a la suerte corrida por Bernardo Lejderman Konujowska.
El 3 de enero de 1974, Enrique Carvallo Díaz, Subsecretario de Relaciones Exteriores de la dictadura, respondió que Lejderman era un peligroso activista que estaba siendo buscado por una patrulla militar en la zona cordillerana. Cuando se le encontró, en la localidad de Gualliguaica, y, al verse éste sorprendido, intentó huir. Como no lo lograra -continuaba la respuesta oficial del Gobierno chileno- hizo estallar un cartucho de dinamita que llevaba entre sus ropas. «Dado que su muerte se produjo por su propia voluntad, no procede establecer responsabilidades por el hecho».
Días después, el 14 de enero de 1974, Relaciones Exteriores amplió la información que había entregado a la Embajada Argentina. En esta oportunidad agregaba que como sus restos quedaron diseminados por el lugar, el piquete debió juntarlos y darles sepultura, sin que fuese posible hacerle una autopsia.
Diecisiete años más tarde, el 01 de agosto de 1990, cuando se exhumó el cuerpo de Bernardo Lejderman, su cuerpo estaba entero. Sepultado a unos 40 centímetros de profundidad. Ninguno de sus huesos presentaba lesiones y las vértebras, aunque ya desarticuladas por el paso del tiempo, estaban completas, al igual que los restos óseos de la cara y cabeza, de las piernas y brazos, del tórax y de la pelvis.
Bernardo Lejderman, argentino, y su cónyuge María del Rosario Avalos Castañeda, mexicana, habían ingresado a Chile en 1971. Él lo hizo en el mes de marzo de ese año y, al poco tiempo, por sus vinculaciones con la izquierda y el Gobierno de la Unidad Popular, fue perseguido.
Aunque no se dispone de una información acabada, se sabe que Bernardo Lejderman, junto a su cónyuge e hijo decidieron irse al sector de la Aguada en busca de refugio. Su condición de extranjeros y el hecho de estar siendo procesado por sus ideas, hacían temer por su seguridad y la de su familia. Amigos de la víctima relatan que éste esperaba que se dieran las condiciones para poder cruzar la cordillera hacia Argentina cuando fue ejecutado por los militares.
Hasta la fecha en que fueron encontrados los restos del afectado (año 1990), permaneció en calidad de desaparecido, ya que no se inscribió su defunción en el Registro Civil hasta el año 1991.
Organismos de Derechos Humanos de La Serena, presentaron, el 31 de julio de 1990, una denuncia por el delito de Inhumación Ilegal de Bernardo Lejderman en el Juzgado del Crimen Elqui-Vicuña.
Junto con relatar las circunstancias de la muerte del afectado, su sepultación ilegal y su permanencia en calidad de desaparecido durante diecisiete años, en la presentación se solicitó la exhumación de los restos del afectado.
El Juez David Salazar Catalán acogió la denuncia rolándola con el N°14090, y el 01 de agosto de 1990 se constituyó en la Quebrada de Angostura procediendo -junto a un equipo de peritos- a realizar las excavaciones que culminaron con el hallazgo de las osamentas de Bernardo Lejderman.
Posteriormente, el 8 de agosto, ante el mismo Tribunal se presentó una querella por los delitos de Homicidio, Inhumación y Exhumación Ilegal cometidos en contra del afectado y su cónyuge, María del Rosario Avalos, la que fue acumulada al proceso 14090.
Durante la tramitación del proceso no fue posible individualizar al oficial de apellido Polanco (más arriba ya están identificados, cuatro de esos militares) ni a los integrantes del piquete militar que intervinieron en la muerte del matrimonio. El 14 de septiembre de 1990, el Mayor General Hugo Salas Wenzel, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, (posteriormente Jefe de la CNI, la policía represiva de la dictadura) respondió a un oficio del Juzgado del Crimen Elqui-Vicuña, «los antecedentes proporcionados por el Tribunal son insuficientes para individualizar a la persona que se menciona (Polanco). Por otra parte, la Institución no cuenta con antecedentes respecto a qué personas integraban la patrulla militar que actuó en el operativo realizado al interior de Gualliguaica, ni por orden de quién se realizó ese operativo».
Cuando aún estaba pendiente la exhumación del cuerpo de Rosario Avalos, a quien se enterró en 1974 en el Cementerio General de Santiago para realizar la autopsia que definiera las causas de su muerte; determinar la efectividad de la detención y la participación de dos profesores de La Serena (habrían recolectado ropa para el niño); y personalizar al oficial de apellido Polanco y a los miembros de la patrulla; el II Juzgado Militar de Santiago intervino en la investigación solicitando la incompetencia del Juez David Salazar Catalán.
El 20 de febrero de 1991, el Juez Militar, Brigadier General Guido Riquelme Andaur, pidió la inhibitoria del Juzgado Elqui- Vicuña para continuar sustanciando el proceso porque en los hechos investigados «habría cabido participación a personal del Ejército en acto de servicio». El 18 de marzo del mismo año, el Juez David Salazar no dio lugar a la incompetencia, elevando la causa a la Corte Suprema de Justicia. El 5 de mayo de 1991, ésta resolvió en favor de la Justicia Militar.
Poco antes de esa resolución, el 14 de marzo de 1991, David Salazar había ordenado al Registro Civil de Vicuña inscribir la defunción de Bernardo Mario Lejderman Konujowska «cuyo fallecimiento ocurrió al interior de la localidad de Gualliguaica, Quebrada de Angostura, el día 8 de diciembre de 1973, en horas de la madrugada, presumiblemente por múltiples heridas».
Fuente: Cambio 21