Por Dra. Lorayne Finol Romero, académica investigadora de la Universidad Central Región de Coquimbo.
La Ley N° 20.285 mejor conocida como Ley de Transparencia, promulgada el 11 de agosto de 2008 y en vigor desde 11 abril de 2009, ha sido objeto de debate desde su implementación en Chile. Aunque se ha cuestionado su baja efectividad para promover la probidad y la confianza pública, es fundamental reconocer la naturaleza polisémica del concepto de transparencia, para abordar su bajo impacto regulatorio. Así, porque es tanto un principio rector de la gestión pública como un derecho a conocer cómo decide el Estado. En efecto, abarca diversas dimensiones que van más allá del acceso a la información.
Este problema se agrava porque en el contexto global cuando se indaga sobre qué prácticas de gobernabilidad se han implementado en métricas internacionales se muestra una trilogía respecto a la relación entre Transparencia-Corrupción, Calidad democrática-Control del Sector Público, Libertad de expresión- Acceso a la información. Específicamente lo que dice relación con el índice del WJP Rule of Law Index® 2023 donde se evalúa 142 países y jurisdicciones alrededor del mundo, y por sexto año consecutivo, el estado de derecho ha disminuido en la mayoría de los países.
Sin embargo, es la Ley de Transparencia 20.285 la que ha centrado todos los esfuerzos por sistematizar los resultados e impactos durante el último lustro. Esto ha hecho que nos preguntemos ¿de qué transparencia estamos hablando? En comparación con las leyes de América Latina, se observa una variedad de enfoques hacia la transparencia, con normativas diferentes y aplicadas en momentos distintos. Cada país aborda aspectos específicos de la transparencia en el ámbito público. Por ejemplo, en Perú se vincula con mecanismos anticorrupción, en Colombia con los derechos humanos, en México con la protección de datos, y en Argentina y Costa Rica se asocia con el Gobierno Abierto. Mientras tanto, Uruguay y Chile se han centrado en el acceso a la información pública.
En la revisión de la doctrina jurídica reciente, se encontró que la transparencia se ha centrado en temas como gobierno abierto, datos abiertos, portales de datos, protección de datos, economía digital basada en datos, inteligencia artificial y derechos fundamentales. Nuestro estudio reveló que, de 937 publicaciones, solo 60 (6.5%) eran en español y en acceso abierto. Las que se concentran en España 65%; Chile 11.6%; Colombia, Brasil y México 5% cada uno sumando 15% en total. En tanto, Perú, Uruguay y Venezuela representan el 8% del total de publicaciones en este tema.
En resumen, la concreción legal de la transparencia es crucial para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la información pública en la era de la inteligencia artificial. Esto garantizaría la rendición de cuentas y facilitaría la reutilización responsable de la información, allanando el camino para avances futuros en inteligencia artificial del sector público, minimizando efectos negativos de decisiones basadas en algoritmos opacos. Se sugiere reformular el ámbito normativo referido a la transparencia en las leyes venideras para adaptarla a la transformación que involucra la gobernanza algorítmica, promoviendo así rendición de cuentas y responsabilidad en el manejo de datos.
