Por: Adriana Muñoz D’albora, senadora
El mundo entero se encuentra enfrentando la amenaza del COVID 19. Los muertos superan las 100.000 personas, en tanto los contagiados confirmados se empinan ya sobre el millón y medio. Nuestro país, en tanto se acerca a los 7.000 casos, mientras los decesos ya se acercan paulatinamente al centenar.
Ciertamente, esas son las consecuencias más graves de esta situación y todas las naciones se encuentran haciendo sus mayores esfuerzos para contener el avance y procurar la atención de los enfermos, para lo cual todos los medios humanos y materiales parecen hacerse escasos.
Sin embargo, junto con ello, empezamos a apreciar también los efectos económicos de la grave alteración a la actividad productiva que las medidas destinadas a contener el virus están produciendo. Pese a los resguardos adoptados, ha habido un gran número de despedidos. Se pronostica una drástica caída del producto interno.
Ello afecta gravemente los ingresos de cientos de miles de familias, como también de pequeñas empresas, que sin ventas -o con éstas reducidas al mínimo- no se encuentran en condición de cumplir con sus compromisos. El empeño de muchos años de miles de emprendedores está en serio peligro.
El Gobierno ha anunciado algunas acciones de apoyo. Inicialmente, se aprobó ampliar la cobertura del seguro de desempleo para cubrir las suspensiones de labores, sea obligatorias o voluntarias y, también, las eventuales reducciones de jornadas que pudieran acordarse.
Sin embargo, lo anterior sólo alcanza al trabajo formal, a quienes cuentan con contratos y con cobertura del seguro de cesantía. Se excluye a quienes tienen empleo informal o independiente, como taxistas, conductores de plataformas, pescadores, pirquineros, crianceros o campesinos, para quienes hemos pedido extender la cobertura. Hasta ahora el Gobierno no ha contemplado una solución. Sólo se anunció que se encuentra en estudio.
Asimismo, en cuanto a las PYMEs, poco a poco se han ido conociendo más detalles en torno al programa de créditos que se está disponiendo para apoyar su funcionamiento. Si bien se ha ido clarificando de mejor forma sus condiciones y costos, aún hay dudas acerca de su real cobertura.
Esperamos que muy pronto haya más claridad en torno a las ayudas para trabajadores informales y autónomos y, también, para las PYMEs. En esta materia, la certeza en el flujo de ingresos es imprescindible para que se cumplan las medidas sanitarias. Sin esa seguridad, muchos hombres y mujeres se ven obligados a salir a la calle en busca del sustento, con riesgo de contagiarse o distribuir la enfermedad.
Es el momento para que el Estado vaya en apoyo de quienes lo requieran, de forma que podamos enfrentar la pandemia y, posteriormente, recuperar empleos e ingresos.
