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Por Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo
Chile vive una aguda crisis habitacional, alrededor de 650.000 familias no tienen una vivienda adecuada en nuestro país y en la Región de Coquimbo no estamos alejados de esta realidad, ya que según datos entregados por el informe “Déficit habitacional en Chile: Evolución y análisis de la crisis de vivienda” de la Cámara Chilena de la Construcción tenemos una deuda de 37 mil hogares.
Bajo ese escenario, en julio del 2022, el Presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Emergencia Habitacional, una iniciativa que busca hacernos cargo del déficit y demanda habitacional de nuestro país, bajo un enfoque que permite recuperar el rol del Estado como promotor, protector y garante del cumplimiento del derecho a la vivienda.
Absorber, como mínimo, el 40% de la demanda habitacional proyectada al final de nuestro gobierno, es sin duda una meta ambiciosa, pero necesaria para enfrentar esta preocupante situación. Por esto, asumimos el desafío cuantitativo de entregar 260 mil viviendas al final del mandato y, también, el de establecer acciones y estrategias para disminuir las desigualdades urbano-territoriales y socio-económicas desde una planificación integral que marquen una hoja de ruta hacia una sociedad más equitativa e inclusiva bajo un estándar de Buen Vivir para el pueblo de Chile.
Por esto, el Plan de Emergencia Habitacional no habla sólo de vivienda sino de generar comunidad, de cómo avanzamos en la construcción de hogares dignos en barrios justos, inclusivos y seguros. Para lograr este objetivo el abordaje no puede ser otro que el intersectorial.
En nuestra región, el Plan de Emergencia Habitacional, liderado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo y apoyado por el Servicio de Vivienda y Urbanización también se han propuesto una meta desafiante, pero que avanza a paso firme en la concreción de más de 12.500 soluciones habitacionales al final de nuestra administración: Hemos logrado entregar más de seis mil viviendas, lo que equivale a un 54% de cumplimiento de nuestro objetivo.
En paralelo seguimos trabajando, ya que se encuentran en ejecución las obras de un total de 4.670 hogares, lo que representa un 36% de la meta regional. Estas cifras representan una gestión institucional eficiente, que no solo da una respuesta al derecho de tantas familias de tener una casa propia, sino que también seguimos aportando a la generación de empleo y dinamización de la economía regional a través de la inversión. Este, también, es el resultado de una ardua labor de tantas familias organizadas, que han luchado año tras años por tener una vivienda digna y adecuada.
Ejemplo de esto, lo pudimos ver y compartir con las 137 familias de Vicuña que recibieron, emocionadas, las llaves de sus viviendas del proyecto Esperanza Elquina de Calingasta, proyecto que tuvo una inversión de más de 6 mil millones -la más importante de Vicuña- y, también, la felicidad de las 86 familias de Sotaquí, que recibieron este mes -tras 20 años de espera- sus certificados de subsidio habitacional comenzando, al fin, la construcción de sus casas en los proyectos Campo Verde y Villa 2006.
A este trabajo serio y responsable podemos sumar el “Plan Ciudades Justas Maestranza”, un programa de gran proyección urbanística, que contempla la ejecución diversas iniciativas habitacionales de integración social para sectores populares y medios, así como, también, comprende el desarrollo de un programa de viviendas para trabajadores, viviendas tuteladas para personas mayores y, además, para Arriendo a Precio Justo.
Este programa, además, proveerá de infraestructuras o espacios públicos, como un parque urbano, así como equipamiento y servicios básicos, como una oficina de Registro Civil, jardín infantil y servicios municipales, entre otros. Gracias a lo que lograremos una infraestructura de alto nivel, que combina lo urbano y lo habitacional contribuyendo a la regeneración del barrio y a la recuperación patrimonial de este emblemático sector de Coquimbo.
El derecho a la vivienda digna ha sido reconocido internacionalmente y pese a que no se encuentra establecido en nuestra legislación constitucional, lo cierto es que en los hechos, no es posible entenderlo de otra manera, porque la vivienda constituye el centro de nuestra estabilidad económica y emocional.
El tener un espacio digno y seguro, con acceso a servicios básicos, a escuelas, espacios públicos, no puede dejarse solo en manos del mercado inmobiliario, el Estado tiene y debe cumplir un rol preponderante en garantizar el derecho a la vivienda y a la construcción de hogares y barrios seguros, un compromiso que asumimos con la Región de Coquimbo y el país.