Diputada Castillo enfrenta a Bienes Nacionales para proteger a familias Campesinas de Illapel
La lucha por el acceso a una vivienda digna es una batalla constante para muchas comunidades rurales en Chile. En la comuna de Illapel, cuatro familias del sindicato de trabajadores rurales «Sin Tierra» se enfrentan a la amenaza del desalojo, una situación que ha llevado a la diputada Nathalie Castillo a intervenir en defensa de estos trabajadores y trabajadoras.
Con una historia que se remonta al año 2018, estas familias han enfrentado una compleja disputa por la tenencia de la tierra, la cual finalmente les fue arrebatada pese a contar con los títulos de dominio correspondientes. Ahora, la Diputada Castillo exige al Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado por la Ministra Marcela Sandoval, que no proceda con el desalojo, argumentando que estas familias no tienen un lugar donde pernoctar si se ejecuta.
La Lucha por la Tierra y la Vivienda en Illapel
En el año 2018, las y los socios del Sindicato de Trabajadores Independientes por la Defensa de la Tierra Agua Agrícola Ganadero se vieron afectados por el desalojo de sus tierras ubicadas en Quebrada Lo Gallardo, en la comuna de Illapel. Esto ocurrió a pesar de que cada familia contaba con el título de dominio otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales en 2013.
Esta situación obligó al Ministerio a conceder un permiso temporal al sindicato, permitiéndoles establecerse en una propiedad fiscal dentro de la misma comuna, mientras se buscaba una solución definitiva al problema habitacional. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha implementado un plan que garantice la protección de estas familias campesinas.
La Intervención de la Diputada Nathalie Castillo
Ante esta preocupante situación, la Diputada Nathalie Castillo visitó personalmente a las cuatro familias afectadas, escuchando de primera mano sus temores y reivindicaciones. Consciente de la gravedad del asunto, la congresista solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales, liderado por la Ministra Marcela Sandoval, que no proceda con el desalojo.
Castillo argumenta que la expulsión de estas familias no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ya que los trabajadores y trabajadoras han comunicado no tener un lugar donde pernoctar si se ejecuta el desalojo. Para la diputada, esta situación representa una deuda social que el Estado debe resolver con urgencia, garantizando el derecho a la vivienda de estas familias campesinas del Choapa.
El Llamado a la Acción del Gobierno
La presidenta del sindicato, Veneda Castillo, ha sido clara en señalar al Estado como el principal responsable de esta problemática. Ella exige que el gobierno se haga cargo de esta situación y brinde una solución definitiva que permita a estas familias vivir con tranquilidad y dignidad.
Castillo teme que, si el desalojo se ejecuta, estas familias vuelvan a quedar a la deriva, sin un techo donde resguardarse, especialmente durante los meses de invierno. Ella enfatiza que estos trabajadores y trabajadoras no son delincuentes, sino campesinos que luchan por sobrevivir y construir un país mejor.
La Posibilidad de una Prórroga
Según las gestiones realizadas hasta el momento, existe la posibilidad de que la Ministra Marcela Sandoval emita una resolución de prórroga que permita a estas familias permanecer en la propiedad fiscal mientras se diseña una solución definitiva.
Esta sería una medida temporal que brindaría un respiro a las familias, evitando que queden desamparadas y expuestas a las inclemencias del clima. Sin embargo, la Diputada Castillo y el sindicato insisten en que el gobierno debe ir más allá y garantizar el derecho a la vivienda de manera permanente.
La Importancia de Rescatar a la Población Rural
Para la Diputada Castillo, esta situación refleja un problema más amplio que afecta a la población rural del país. Ella sostiene que no se puede permitir que sean los más pobres quienes vivan en condiciones precarias, pues esto contribuye a la migración forzada del campo a la ciudad.
La congresista considera fundamental rescatar a la población rural, evitando que sigan enfrentando estos desalojos y la pérdida de sus tierras. Ella aboga por el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda y la estabilidad de las familias campesinas.
