Por: Rosario Marín Rojas
Actualmente, Chile está tratando de alcanzar una posición estable como país de ingreso medio, esto entendido por fundamentos internacionales como también nacionales.
A la par, el aumento explosivo de demandas sociales que dieron forma al estallido social en 2019, han puesto en jaque la distribución del presupuesto público.
La suma de estos factores nos conducen a la siguiente pregunta; ¿Está Chile preparado para enfrentar la disyuntiva entre la saciedad social y estabilidad económica?
Nuestro país ha procurado satisfacer un extenso menú de requerimientos sociales; lo que significa moldear un nuevo sistema de administración político y social con desafíos que no siempre son sostenibles; esto explicado por el déficit fiscal.
Mientras el nivel de deuda pública se mueva entre ciertos rangos, no se traducirá en mayores incrementos en la tasa de interés que enfrenta el territorio, pero la pandemia ha complejizado de manera importante los flujos de capital; colocando al país en una ardua situación nublando un poco más su retrato en la esfera mundial.
Hay que tener claro que un país políticamente inestable, (provocado en este caso por desórdenes sociales y descontento por parte de la ciudadanía), es muy difícil que pueda entablar buenas relaciones económicas. Pero un país que se introduce en una referencia circular de deudas por su incapacidad de financiar el gasto social conociendo la inexistencia de un ingreso permanente para costear mencionadas exigencias, tampoco será capaz de entablar buenas relaciones con el resto del globo.
Vivimos un punto de transformación donde la región se ve obligada a enmendar crisis socioeconómicas internas a la par de mantenerse como un país activo y capacitado para la economía mundial; suscitando una disyuntiva entre el balance de estas situaciones.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, realiza una potente propuesta de recaudación, dando un importante enfoque en políticas públicas que asegura poder financiar con un ingreso permanente mediante utópicas medidas económicas que, en la práctica, llevarían a un gran déficit presupuestario. El contexto actual del país requiere de una reforma clara y más que ambiciosa; realista. La primera cuenta pública del mandatario carece de viabilidad con relación a su agenda de ruta para su gestión. Muchas promesas y poco rendimiento han provocado aumento en la desaprobación del actual gobierno a un 57% (CADEM, 29 de Mayo del 2022), reflejando que el país no está preparado ni para saciar las demandas sociales ni para enfrentar un punto de estabilidad económica entre cuantiosas turbulencias de este tipo. El país, conquistado por la inflación, (resultados IPC con un aumento de 1,2% según (EOF, Banco Central, 1 de Junio del 2022)), caída del poder de compra, recesión económica, e incertidumbre como panorama general, requiere de una clase política responsable, con enfoques claros y realizables en esta materia, sin idealizaciones acerca satisfacer cada petición naciente y más encausamiento a resolver la falta de liderazgo y de priorización al equilibrio del país en asuntos claves sin influencias populistas.
¿Y es que la responsabilidad de esta falta de equilibrio recae en su totalidad en quienes administran los asuntos públicos (de carácter económico)?
Una sociedad sin educación financiera, (Chile se ubica por debajo del promedio de la OCDE en matemática financiera y alfabetización financiera, revelando también un bajo puntaje en PIAAC, cual mide el nivel de educación financiera en adultos mayores)1, no está preparada para comprender decisiones de carácter tanto político y económico para llegar a distintos niveles de estabilidad, provocando que, ingenuamente, importante parte de la población se enfoque constantemente en demandar inalcanzables medidas que en el actual contexto de reflejan en: exigencias por más retiros, distribución inmediata de fondos públicos con motivos recreacionales, aumento sustancial en sueldos mínimos y de pensiones, pagos en UF, entre otras.
En síntesis, ante esta incertidumbre por parte de la clase política y el grueso de la sociedad, Chile se ve estancado en una crisis económica y social que no es capaz de enmendar hasta que no exista un cambio estructural por parte del poder gubernamental y de las exigencias quiméricas puestas en la mesa.