Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate
Reparar es el verbo que se conjuga en las escasas escuelas y aulas de reingreso con que cuenta el país. Pese a todo el esfuerzo, apenas logramos restituir el derecho a la educación de un 2% de los 222 mil niños que están fuera del sistema escolar en Chile. Los demás siguen teniendo una vida que no es vida: pateando piedras en las esquinas, sobreviviendo con empleos precarios, encontrando en el consumo de alcohol y drogas un mal escape a la desesperanza. Otros –no pocos– corren el riesgo de ser utilizados por el narco o la delincuencia común, que saben aprovecharse de la rabia de aquellos que no marchan ni votan y que, como diría Galeano, cuestan menos que la bala que los mata.
Ahora y en razón de la crisis social que atraviesa el país, en la discusión del presupuesto 2020, nuevas urgencias han dejado otra vez al final de la fila a los más de 7 mil niños y jóvenes, excluidos del sistema escolar en la región de Coquimbo. Están las demandas de sus padres por trabajo decente, de sus madres por salud, de sus abuelos por pensiones dignas. Frente a esa avalancha de necesidades mal resueltas o no resueltas, ¿quién puja por ellos?
El presupuesto 2020 para la modalidad de reingreso, modalidad educativa que esperábamos fuera sancionada como tal por el Consejo Nacional de Educación, lo que no ha sucedido, quedó igual que este 2019. Sólo alcanzará para los mismos y para que nosotros sigamos concursando por fondos cuando esta restitución de derechos educativos debería ser una política pública.
Ojalá que en estas últimas semanas de discusión presupuestaria los parlamentarios se acuerden de estos 222 mil niños y jóvenes en su mayoría de extrema vulnerabilidad y pobreza. Aumentar la glosa y el monto para estos fondos, sería actuar como un padre consciente y en tiempos de crisis apoyar a los hijos más débiles. Suena a Perogrullo y, de paso, a justicia. Ustedes, verán, señores congresistas.
